domingo, 25 de octubre de 2009

INCUMPLIMIENTO CONSTITUCIONAL

Como era de esperarse, la Asamblea Nacional no pudo dar cumplimiento al segundo inciso de la Primera Disposición Transitoria de la Constitución de la República, el cual de manera imperativa dispuso que en el plazo máximo de 360 días desde la vigencia de la Carta Magna, se aprueben catorce leyes de gran trascendencia social, entre éstas, las relacionadas con: la Corte Constitucional, los recursos hídricos y aprovechamiento del agua, la participación ciudadana, la comunicación, la educación, la educación superior, la cultura, el deporte, el servicio público, la Defensoría Pública, los registros de datos, la descentralización territorial, la Ley Penal Militar y Policial y, la Seguridad Pública y del Estado.

Al 14 de octubre del 2009, fecha en la cual venció el referido plazo constitucional, se aprobaron solamente tres de las catorce leyes mencionadas: la de la Corte Constitucional, la de la Defensoría Pública incluida en el Código Orgánico de la Función Judicial y la de Seguridad Pública y del Estado.

Lo sucedido resulta preocupante por cuanto ratifica las deficiencias con las que fue elaborada la última Carta Suprema del Ecuador, pues algunas de sus normas nacieron para ser meros enunciados de incumplible realización, lo cual resulta muy similar a lo ocurrido con anteriores constituciones.

Producida esta lamentable y previsible transgresión constitucional, deberíamos aspirar al menos que las once leyes que faltan por aprobarse, sean el fruto de un profundo y responsable análisis por parte de los asambleístas, y el resultado de una abierta socialización con los sectores ciudadanos involucrados, lo cual a más de ser conveniente para los intereses nacionales, evitará los conocidos parches y remiendos jurídicos expresados en leyes reformatorias de leyes reformadas apresuradamente, que indudablemente han generado inseguridad jurídica y consecuentemente incertidumbre social, política y económica.

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