miércoles, 16 de junio de 2010

FRAUDES ELECTRÓNICOS FINANCIEROS


Es interesante observar el grado de influencia que ha alcanzado en nuestra ciudad la tecnología en la realización de las actividades económicas diarias. La utilización del Internet para realizar transferencias de fondos o pagos de servicios es muy común. El retiro de fondos a través de cajeros automáticos se ha convertido en una masiva alternativa para obtener efectivo. El uso de las tarjetas de crédito constituye una opción válida de financiamiento que cada día tiene mayor acogida.

Sin dejar de desconocer las inmensas ventajas que presentan tales avances tecnológicos, debemos estar conscientes de la necesidad de tomar algunas precauciones básicas, que permitan proteger nuestros intereses de los delincuentes informáticos que lamentablemente rondan maliciosamente a la sociedad para cometer fraudes electrónicos financieros y con ello atentar el patrimonio ajeno.

Entre los fraudes electrónicos más comunes están los relacionados con la obtención ilegal de claves secretas y la clonación de tarjetas de débito y de crédito. Por ello resulta necesario que la ciudadanía tome en cuenta entre otras, las siguientes recomendaciones impartidas por los expertos: jamás entregar claves secretas por teléfono o correo electrónico; antes de usar cajeros automáticos verificar que en el mismo no haya objetos extraños y no aceptar ayuda de terceros desconocidos para la operación; mantener las tarjetas en lugares seguros; revisar constantemente los consumos efectuados para detectar irregularidades; memorizar las claves asignadas y jamás escribirlas; asegurarse que la tarjeta de crédito sea deslizada una sola vez por el lector electrónico; llevar siempre el número telefónico del contacto para reportar la pérdida o el robo de las tarjetas; y, guardar estados de cuenta, vouchers y recibos.

Cumpliendo aquello, aprovecharemos las bondades de la tecnología con seguridad, y nos evitaremos malos ratos.

miércoles, 2 de junio de 2010

JUSTICIA INDÍGENA - JUSTICIA PARALELA


Los recientes hechos suscitados en la comunidad indígena de La “Cocha”, Zumbahua, Provincia de Cotopaxi, en torno al juzgamiento por dicha comunidad de un ciudadano vinculado con el cometimiento de un delito, han generado una gran preocupación nacional en torno al tema de la justicia indígena en el Ecuador.

El problema en mención fue de tal gravedad, que los juzgadores indígenas inicialmente anunciaron que la pena para el infractor sería la muerte, lo cual ventajosamente no llegó a suceder gracias a la presión nacional que se dio en torno al asunto, aunque no pudo evitarse la aplicación de penas degradantes, como cargar un saco de tierra, sentarse sobre filudas piedras y ortiga, bañarse en agua helada, y recibir latigazos; lo cual resulta absolutamente contrario a las tendencias civilizadas del derecho penal y de los derechos humanos.

El tema tiene su más inmediato origen en la vigencia del Art.171 de la Constitución elaborada en Montecristi: “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales…”; el cual se agrava por la omisión de la Asamblea Nacional de no haber dictado hasta la presente fecha una ley que regule la justicia indígena en el Ecuador, que sea dicho de paso será muy compleja porque dará finalmente como resultado una justicia paralela a la ordinaria, y con ello un preocupante desorden jurídico de incalculables e impredecibles consecuencias sociales.

Que positivo hubiera sido un mejor análisis sobre este delicado tema por parte de los Asambleístas de Montecristi.