viernes, 22 de noviembre de 2013

"FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LAS OFERTAS CONTRACTUALES"

“FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LAS OFERTAS CONTRACTUALES” Dr. Santiago Armijos Valdivieso Mg.Sc. Especialista Superior en Contratación Pública 1.1. Antecedentes Jurídicos.- Para abordar el presente tema, y atendiendo el principio constitucional de jerarquización de la norma jurídica, en relación a las ofertas contractuales, es necesario resaltar lo establecido en el numeral 16, del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, que en su parte pertinente textualmente dice: “Art. 66.- Se reconoce y garantiza a las personas... 16. El derecho a la libertad de contratación.”; lo cual sin duda, determina como premisa básica en el proclamado Estado constitucional de derechos ecuatoriano, la más amplia libertad de contratación para las personas, tanto en el ámbito público como privado. Como otro antecedente jurídico de la oferta en materia de contratación pública, podemos mencionar a uno de los principios rectores de los procesos precontractuales, denominado de concurrencia, el cual impone normas y reglas que permitan una amplia y numerosa participación de oferentes en favor de la más amplia posibilidad de elección del ente público contratante, para escoger a la oferta más conveniente a los intereses nacionales e institucionales. Por otro lado, cabe indicar que la oferta contractual, que tiene como fin suscribir un contrato público con el Estado o con las entidades del sector público, en su mayor parte proviene del sector privado, es decir de personas particulares naturales o jurídicas nacionales o extranjeras; aunque también pueden surgir de un ente público, como por ejemplo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Ecuatoriano. Lo dicho me permite afirmar que las ofertas contractuales pueden tener naturaleza privada como pública, dependiendo de la esencia del oferente: público o privado, el primero con un interés colectivo y el segundo con interés individual. El doctor Roberto Dromi, connotado tratadista jurídico argentino del derecho administrativo, afirma que la oferta contractual es un acto complejo, por las siguientes reflexiones: “La etapa del procedimiento licitatorio en la contratación administrativa, que generalmente denominamos la oferta, comprende una serie de actos de significación jurídica, que emiten licitador y licitante respectivamente: a) elaboración; b) presentación; c) recepción; d) apertura; e) apertura; e) aclaraciones y observaciones; f) suscripción del acta, y g)admisión o inadmisión. La oferta en sí misma no es un acto aislado, ni encausado, sino que es la respuesta a un convite y la causa de otros comportamientos administrativos por venir en el decurso procedimental de preparación del contrato ” Tal afirmación, la comparto plenamente, no solo porque su contenido se adapta a las normas positivas que rigen la contratación pública ecuatoriana, sino porque realmente, la oferta más allá de ser en gran número un acto jurídico particular (oferente privado), que abarca un formal y solemne ofrecimiento de celebrar un contratado administrativo, es el desarrollo progresivo y sistemático de una serie de actos que se inician con la presentación de la misma y culminan con su aceptación o rechazo. 1.2. Definición. Existen algunas definiciones sobre la oferta contractual, por lo que creo necesario analizar su significado, bajo la lupa de diferentes ópticas. En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas, oferta es: “...una propuesta o promesa de dar, hacer, cumplir o ejecutar, es una iniciativa contractual...” . Esta definición aunque a primera vista resulte simple, y siendo muy general y no necesariamente particularizada a la oferta contractual, resulta interesante, ya que es indiscutible que la oferta contractual es una promesa de dar, como el caso de una adquisición de bienes, de hacer, como el caso de una ejecución de obra o de una prestación de un servicio. Es necesario hacer notar que en la presentación de una oferta está implícita por ley, la obligación del oferente de cumplir con la suscripción del contrato en caso de resultar adjudicatario. Para Roberto Dromi, oferta es: “…En general se denomina oferta a la proposición firme y completa para celebrar un contrato. Es decir, que es la manifestación de la voluntad dirigida a otro sujeto, de querer concluir con él un contrato, mediante su sola aceptación”. Tal concepto, resulte probablemente más específico y especializado con relación a la oferta contractual, pues se refiere por un lado a una proposición para celebrar un contrato y por otra a la manifestación de voluntad dirigida a otro sujeto, lo cual es realmente acertado. En la obra jurídica ecuatoriana denominada “Régimen de Contratos Públicos” de la prestigiosa Corporación de Ediciones Legales, se da también una acertada definición de lo que es la oferta, en los siguientes términos: “La oferta o propuesta es un acto jurídico, particular, unilateral, significativo, que lo hace el interesado a la contratante en forma clara, incondicional, indubitable, secreta y escrita, ofreciendo ejecutar un contrato y acreditando su idoneidad moral, técnica y financiera y cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y en la Ley Es de advertir, que en esta definición se recalca el hecho de que la oferta es un acto jurídico particular, aunque como ya lo había manifestado, esto no es absolutamente cierto, por cuanto si es posible la oferta contractual de un ente público. Así mismo, se menciona algo que realmente resulta interesante, esto es que la oferta es incondicional, es decir no sujeta a condición alguna. Tal vez la utilización del término incondicional, se deba al hecho de que la contratación administrativa en la cual interviene el Estado y las entidades que conforman el sector público, no presenta igualdad de derechos entre las partes, pues, el interés público goza de privilegios y ventajas en relación con los intereses individuales del contratista particular, el cual, desde que presenta la oferta en la suscripción del documento precontractual llamado “Carta de Presentación y Compromiso”, reconoce y se somete a los privilegios y majestad contractual del Estado. Fusionando las tres definiciones anteriores, me atrevo a dar una de tipo personal. La oferta contractual es un acto jurídico realizado por un particular o por un ente público legalmente autorizado para aquello, consistente en una promesa escrita y solemne que se realiza al Estado, para la celebración de un contrato administrativo, en el caso de ser escogido para ello por parte la entidad contratante. 1.3. Características. Para entender el real sentido jurídico de la oferta contractual, es necesario destacar que la misma tiene ciertas características para su vigencia y validez. Existen algunos criterios en torno al tema, voy a tomar como referencia lo enunciado por el tratadista argentino, Roberto Dromi en su obra “La Licitación Pública”, en la cual indica que a la oferta contractual se le debe atribuir las siguientes características: unilateral, inicial, completa, firme y recepticia. Unilateral.- En razón de que proviene de la libre voluntad de un oferente, el mismo que por su propia iniciativa decide ofrecer a la entidad pública contratante la celebración de un contrato administrativo. Su interés será obtener un margen de utilidad que compense el trabajo realizado. Inicial.- Es inicial por cuanto es la primera voluntad que se manifiesta en la posible relación contractual con el Estado, ante lo cual éste último, deberá responder con su aceptación o no aceptación a la misma. En todo caso si no hay oferta no puede haber respuesta del ente público contratante. Completa.- En virtud de que la oferta debe contener la información pertinente y necesaria, determinada y exigida por la ley y por los documentos precontractuales, para que el ente público pueda contar con los elementos de juicio suficientes para poder resolver si la acepta o la rechaza. Por lo tanto no se podría pensar en una oferta incompleta o a medias, ya que así, el ente público no podría decir sobre su conveniencia o inconveniencia y más bien optaría por un rechazo a la misma. Firme.- Presentar una oferta contractual al Estado, resulta una tarea de gran responsabilidad, por los efectos jurídicos que esta trae y por las obligaciones que de ésta nacen, pues contiene la manifestación de voluntad del oferente de contratar con el Estado en caso de resultar adjudicataria. De no cumplir con tal obligación el oferente estaría expuesto a sanciones jurídicas establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como por ejemplo la declaratoria de adjudicatario fallido y la consecuente inhabilidad para contratar con el Estado por tres años. Recepticia.- En razón de que una oferta contractual no podría alcanzar su esencial objetivo que es el de celebrar el contrato administrativo, si es que ésta no es conocida por el ente público contratante. 1.4. Requisitos. Para que una oferta contractual tenga validez jurídica es necesario que observe y respete los diferentes requisitos previstos en las normas jurídicas positivas previstas en la ley y en los documentos precontractuales. Doctrinariamente se han clasificado estos requisitos en subjetivos, objetivos y formales. REQUISITOS SUBJETIVOS. Roberto Dromi, se refiere a los requisitos subjetivos de la siguiente manera: “Los presupuestos subjetivos de la propuesta se relacionan con la persona o sujeto de derecho que puede ofertar. Más propiamente, se refieren a quién puede ser oferente u ofertante. Las leyes generales que regulan la contratación administrativa (LOP, RCE, entre otras) y los pliegos de bases y condiciones, contienen normalmente requisitos subjetivos que deben reunir los posibles participantes, en especial para verificar su capacidad e idoneidad empresarial y técnica” Es decir, a través de estos requisitos se determina en forma precisa quién o quiénes pueden participar en el proceso precontractual de selección, presentando ofertas; pues, es necesario que el interesado en suscribir el contrato administrativo, desde el momento de la presentación de la oferta se muestre legalmente capaz para obligarse con el Estado, a través de la suscripción del contrato como fuente de obligaciones. El Código Civil del Ecuador, en su Art. 1461, establece que para que una persona se obligue con otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario que sea legalmente capaz, precisando en su último inciso que la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra. El Art. 1462 del citado cuerpo legal, establece como norma general que toda persona es legalmente capaz, con excepción de aquellas que la ley los declare incapaces. Complementariamente el Código Civil aunque no en forma expresa, determina la existencia de tres clases de incapacidades: absolutas, relativas y particulares. Para referirse a los incapaces absolutos el primero y segundo inciso del Art. 1463 ibídem, señalan lo siguiente: “...Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Sus actos no surten ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución...” En cuanto a los incapaces relativos el tercer inciso de la norma jurídica antes citada, prescribe que: “...Son también incapaces los menores adultos, los que se hallan en interdicción de administrar sus bienes, y las personas jurídicas. Pero la incapacidad de estas clases de personas no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes...” Finalmente el cuarto inciso de dicha norma jurídica se refiere a las incapacidades especiales o particulares en los siguientes términos: “...Además de estas incapacidades hay otras particulares, que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos”. En esta clase de incapacidades especiales, es pertinente indicar que la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública en sus Arts. 62 y 63, ha establecido las siguientes prohibiciones: "Art. 62.- Inhabilidades Generales.- No podrán celebrar contratos previstos en esta Ley con las Entidades Contratantes: 1. Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas en la Ley; 2. El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado, el Director General o la Directora y demás funcionarios del Servicio Nacional de Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral; 3. Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por sus actividades o funciones, se podría presumir que cuentan con información privilegiada; 4. Quienes consten suspendidos en el RUP; 5. Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; y, 6. Los deudores morosos del Estado o sus instituciones." Art. 63.- Inhabilidades Especiales.- No podrán celebrar contratos con la Entidad Contratante: 1. Los consejeros provinciales, los concejales municipales y los vocales de las juntas parroquiales, en su respectiva jurisdicción; 2. Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales, que hubieren realizado los estudios, los diseños y los proyectos de ingeniería o arquitectura, que presenten algún tipo de vinculación respecto a los ejecutores de las obras; y, los que hubieren elaborado las especificaciones de los bienes a adquirirse; salvo que el contrato se refiera a fiscalización, supervisión, o actualización de los estudios, diseños o proyectos; 3. Los miembros de directorios u organismos similares o de la Comisión Técnica de la entidad convocante, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 4. Los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieren resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las que los indicados funcionarios, servidores o empleados, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad tengan participación, aún en el caso de que los referidos funcionarios, servidores o empleados hubieren renunciado a sus funciones; y, 5. Los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboración, revisión o aprobación de los pliegos, relacionados con el contrato a celebrarse. Si se comprobare la intervención de un oferente inhábil, éste quedará eliminado del respectivo proceso precontractual, sin derecho a reclamo alguno.” Al requisito subjetivo de la capacidad legal se podrían agregar otros, como la capacidad técnica y la capacidad económica financiera del oferente, para ello, me permito realizar los siguientes comentarios: El oferente a más de demostrar su capacidad legal para obligarse, debe evidenciar en la oferta su capacidad técnica para ejecutar el posible contrato administrativo a suscribir con el Estado, es decir si el objeto de la contratación es la construcción de un puente, el oferente tendrá que demostrar que tiene la capacidad profesional y técnica suficiente para llevar adelante tal obra o en su defecto que tiene el personal profesional idóneo para ello. Normalmente tal situación, se la demostrará mediante la acreditación de experiencia, disponibilidad del equipo, maquinaria y material necesario, etc. Así mismo, el oferente tendrá que demostrar en su oferta que es económicamente solvente, como para afrontar las obligaciones que podrían nacer de la suscripción del contrato administrativo. REQUISITOS OBJETIVOS.- En cuanto a los requisitos objetivos Roberto Dromi expresa: “...La oferta debe cumplimentar también recaudos atinentes a su objeto o contenido, relativos a la prestación requerida por el licitante: objeto, condiciones, plazos, precios...” En definitiva los requisitos objetivos se relacionan con el objeto, plazo y precio de la oferta. Respecto al objeto, la oferta contractual debe ajustarse estrictamente a lo requerido por la entidad pública contratante. No hay que dejar de observar, que el Estado siempre contrata lo estrictamente necesario, ni más ni menos, para atender una necesidad social determinada insatisfecha, por lo que, la oferta debe respetar exactamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los diseños y planos incluidos en los documentos precontractuales o bases, según corresponda al tipo de contrato. También, es necesario que la oferta contenga el ofrecimiento irrestricto de cumplir con el contrato dentro del plazo máximo exigido por la entidad contratante, pues tal plazo, no es el resultado de un capricho o un antojo irreflexivo, sino el producto de la real necesidad social de que se ejecute la obra para atender una necesidad colectiva insatisfecha. Por otro lado, la oferta debe contener como requisito, un precio que debe estar lo suficientemente precisado en forma clara, cierta e incondicional. El precio en sí, no es más que la contraprestación solicitada por el oferente a la entidad pública contratante por la ejecución del contrato administrativo. En los actuales momentos en el Ecuador, por el nuevo sistema monetario adoptado por el Gobierno Nacional, el precio de las ofertas se formulan en dólares de los Estados Unidos de América, pudiendo hacérselo excepcionalmente en otro tipo de monedas, principalmente por el cumplimiento de convenios internacionales de financiamiento. Es necesario manifestar que en el caso de contratos de ejecución de obras, por regla general el precio de la oferta tiene que detallar precios unitarios por rubros, de acuerdo a las exigencias determinadas en las bases del proceso de selección, lo cual resulta un tanto complejo, si comparamos con el precio de la oferta en un contrato administrativo de adquisición de bienes muebles. Sin embargo por excepción es posible contratar una obra a través del procedimiento especial de contratación integral por precio fijo, señalado en el Art. 53 y siguientes de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. REQUISITOS FORMALES.- Los requisitos formales se refieren a los presupuestos de forma que deben cumplir las ofertas contractuales, se refieren a detalles externos que deben cumplir por así estar determinados en la legislación vigente. Dentro de estos requisitos se podría indicar que las ofertas necesariamente deben ser escritas y en idioma castellano, los documentos presentados en otro idioma, por variadas circunstancias deberán ser traducidos por un intérprete debidamente identificado. Si los documentos de la oferta no cumplen con este requisito se entenderán como no presentados. Por otro lado, la oferta debe ser firmada, por parte del oferente para dar mayor seguridad a la identificación de la oferta con el oferente. Nuestra legislación nacional, exige básicamente la firma en el documento precontractual llamado “Carta de Presentación de Compromiso” y en los formularios de la oferta. También la oferta debe ser clara, incondicional e indubitable, para permitir que la entidad pública contratante tenga claridad absoluta respecto de los términos de la oferta, y así, con precisión y objetividad, pueda seleccionar a la más conveniente a los intereses colectivos Adicionalmente, la oferta no debe contener ninguna cláusula o texto de condición. Al respecto en la obra “Régimen de Contratos Públicos” de la Corporación de Ediciones Legales, se dice lo siguiente: “...La escritura debe ser clara, incondicional e indubitable, es recomendable el uso de máquina de escribir o computadora. Sin enmiendas o borrones, que pongan en duda su significado; de haberse producido alguno, deben estar salvados al final de la página o del documento con la firma de responsabilidad del oferente….” Otro requisito formal importante de la oferta contractual, es el secreto de la misma hasta su apertura, para así garantizar una mayor posibilidad de selección del mejor oferente por parte del ente público, evitando acuerdos perjudiciales o fraudulentos entre los oferentes en desmedro de los intereses colectivos. En relación a este requisito, Roberto Dromi, hace el siguiente comentario: “...El secreto de las ofertas conduce a la mejor oferta posible, sobre la base de la competencia y de la prudencia, sin poner en peligro el interés de la Administración licitante ni del oferente…” La oferta contractual también debe ser garantizada o asegurada durante todo la época de su vigencia, respetando las exigencias impuestas en el procedimiento precontractual de selección por la entidad pública contratante y debe ser presentada en forma impostergable en el lugar, fecha, y hora establecidos en los documentos precontractuales, caso contrario la oferta será desconsiderada del proceso de selección. 1.5. Clasificación.- Respecto a la oferta contractual no existe un clasificación determinada e invariable, pues la clasificación estará dada, en función del punto de vista que se la mire; por ello a continuación me enuncio algunas clases o tipos de oferta que, a mi criterio resultan ser las más importantes. OFERTA LEGAL.- Es aquella que es formulada y presentada, en apego irrestricto a los normas y requerimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en los respectivos documentos precontractuales o bases. OFERTA ALTERNATIVA.- La que presenta el oferente por así permitirlo expresamente los documentos precontractuales que rigen el proceso de selección, en forma adicional a la oferta principal y obligatoria. En nuestra legislación vigente las ofertas alternativas son aceptadas siempre y cuando los documentos precontractuales lo permitan en forma expresa. OFERTA UNICA.- Es aquella que en forma única, se presenta en un proceso precontractual convocado legalmente por la entidad pública contratante. La oferta única en la legislación ecuatoriano es aceptada, según se puede colegir del contenido del Art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 1.5. Los actos jurídicos relacionados con las ofertas contractuales. Como se había indicado anteriormente, la oferta contractual comprende una serie de actos jurídicos, que provienen tanto de la voluntad del oferente como de la entidad contratante. Entre estos actos jurídicos, que se relacionan con la oferta, creo que es de importancia, analizar los de mayor significación jurídica, empezando en primer lugar por entender la significación de acto jurídico. Arturo Alessandri y Manuel Somarriva, dan la siguiente definición de acto jurídico: “...Puede definirse el acto jurídico como la declaración unilateral o bilateral de voluntad, ejecutada con arreglo a la ley, y destinada a producir efectos jurídicos (creación, conservación, modificación, transferencia, transmisión o extinción de un derecho).” Del concepto enunciado, se podría decir que el acto jurídico es una manifestación de voluntad de una o más personas, que tienen la intención de producir efectos jurídicos. En la oferta contractual estas manifestaciones de voluntad que producen efectos jurídicos llamadas actos jurídicos, son sucesivas y cada una de ellas presenta distintas connotaciones legales, aunque tienen por lo general el propósito común de conseguir la adjudicación del contrato administrativo. Entre los de mayor importancia puedo señalar los siguientes: La presentación de las ofertas.- Para Manuel María Diez, citado por Roberto Dromi, “El acto de presentación de una oferta o propuesta es una declaración de voluntad del particular, dirigida a producir un doble efecto. Por un lado, que lo admitan en el procedimiento de selección convocado por la administración, y por el otro, que se acepte su oferta y se cree el vínculo contractual. Se entiende que el primer objetivo lo alcanzarán todos los que reúnan los requisitos exigidos para ello. El segundo, únicamente, uno de entre todos los oferentes”. En el sistema jurídico del Ecuador, la presentación de la oferta debe ser realizada en la forma y en el tiempo previsto en los documentos precontractuales. A través del acto de presentación el oferente inicia una relación precontractual con el ente contratante. Es justamente, a partir de la presentación de la oferta que nacen obligaciones del oferente para con la entidad pública contratante. Esta presentación de ofertas puede ser directa ante el ente contratante, en el lugar previamente determinado por las bases, y realizada por el oferente o por un delegado. Actualmente con el avance vertiginoso de la informática, las ofertas pueden ser presentadas a través del denominado "Portal de Compras Públicas" el cual es administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Ex Instituto Nacional de Compras Públicas INCOP) Tal presentación impone la necesidad de que el ente público que recibe la oferta, entregue al oferente una constancia de tal suceso que generalmente se la expresa a través de la entrega de un recibo de propuesta, en el cual se hace constar, la fecha y la hora de recepción. El acto jurídico denominado presentación de la oferta, es de tal importancia que si este no es realizado de acuerdo a lo establecido en la ley y en las bases, causaría la descalificación inmediata de la oferta. La Recepción de la oferta.- Presentada la oferta por parte del oferente, es necesario que en forma obligatoria la entidad pública contratante recepte la misma, en debida forma. Roberto Dromi comenta respecto a la recepción de la oferta contractual lo siguiente: “…El acto de recepción consiste en la simple aceptación del sobre, caja o paquete que contiene la propuesta y no produce, por tanto y en principio, efectos jurídicos directos e inmediatos. Sin embargo, implica la obligación para la Administración de su análisis y estudio, a los fines de la admisión...” La apertura de las ofertas.- Es un acto jurídico de importancia que se da en forma verbal (principalmente para procedimientos de licitación) , a través del cual, se da a conocer a los oferentes, en el lugar, el día y la hora determinados en los documentos precontractuales, las distintas ofertas presentadas. Con la realización de dicho acto, los oferentes tienen la posibilidad de constatar en parte como se está llevando el procedimiento precontractual de selección, pueden verificar si la entidad pública está respetando el principio de igualdad para con los participantes, y en fin, pueden formarse una idea más o menos clara, sobre la actuación parcializada o imparcializada del ente público contratante. Tal acto es necesario que sea plasmado en un acta que contendrá el detalle de la realización del mismo. La admisión de las ofertas.- Receptadas las ofertas y una vez que se ha cumplido con la apertura de los sobres, el ente público contratante debe tomar la decisión respecto a la admisibilidad de las ofertas presentadas que van a competir por la tan anhelada adjudicación del contrato administrativo. En nuestra legislación ecuatoriana no tenemos en forma expresa norma o normas jurídicas que traten sobre el acto de admisión de las ofertas, aunque sería conveniente que existan, ya que el acto de apertura de las ofertas se limita a una revisión y constatación de ofertas superficial y apresurada, lo cual evidentemente limita al ente público contratante, a dar un pronunciamiento inmediato sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las ofertas presentadas. Sin embargo en la doctrina jurídica, podemos determinar que se da mucha importancia a este acto denominado de admisión de las ofertas, ya que mediante el mismo, se legitima como parte del proceso de selección al oferente. 1.6. Bibliografía. 1. Arturo Alessandri y Manuel Somarriva, Derecho Civil, Tomo I, Santiago de Chile, Imprenta Universal. 2. Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Argentina. Editorial Heliasta. 3. Dromi Roberto, “Licitación Pública”, Argentina, Editorial Ciudad Argentina, . 4. Ediciones Legales, Régimen de Contratos Públicos, Guía Práctica, Tomo I, Ecuador 5. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

1 comentario:

  1. PERFECTO TEMA SANTIAGO UN ARTÌCULO, INTERESANTE, PRACTICO Y BIEN EXPLICADO, TOPAS LOS PUNTOS NECESARIOS PARA PODER REALIZAR CON FUNDAMENTACION JURIDICA EL TAN RECELOSO CAMPO DE LA CONTRATACION PUBLICA. TE FELICITO QUIENES TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR EN ESTE CAMPO EN INSTITUCIONES PUBLICAS PODEMOS VER QUE ESTAS BIEN ENFOCADO Y DIRIGIDO PARA UN CLARO ENTENDIMIENTO. FELICITACIONES MI ESTIMADO MAESTRO DEL SABER. gaston andre

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